Entre los efectos generados por la crisis económica, se encuentra la rápida pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Este es un caso del que no escapan los universitarios, a pesar de que a finales del año pasado fue aprobada la II Convención Colectiva Única del sector, devorada en cierta medida por la alta inflación que existe en el país.

Por esta razón, los gremios que agrupan a los trabajadores de la Universidad de Carabobo se mostraron inconformes con los salarios que devengan en la actualidad, en los diferentes escalafones laborales contemplados, tomando en cuenta que los salarios se ha vuelto insuficientes para poder cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.

Así fue planteado este problema por el presidente de la Asociación de Empleados de la UC, Pedro Ulacio, a los diputados de la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, en el marco del encuentro institucional desarrollado en el salón de sesiones del Consejo Universitario, en el cual los gremios acompañaron los planteamientos desarrollados por las autoridades.

“Los trabajadores estamos en las peores condiciones en lo que a sueldos y salarios respecta”, manifestó Ulacio. Pidió a los parlamentarios que propicien el encuentro entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ya que a su juicio es la única forma de encontrar soluciones a los diferentes problemas que vive el país y las universidades actualmente.

En el marco del evento, los representantes de la AEUC entregaron un documento a los parlamentarios Carlos Lozano, Marco Bozo, Ylidio Abreu, Williams “Golo” Gil, Ángel Álvarez Gil, Juan Miguel Matheus y Romny Flores. En el referido documento, se destaca el aumento de la cesta ticket y del bono salud (jubilados), instrumentar un nuevo ajuste de salarios y primas para este mismo año, la regularización y agilización de la publicación de los listados de Petrorinocos como mecanismos de prestaciones sociales y la reforma de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre otros.

En la misma tónica, se pronunció el presidente de la Asociación de Profesores de la UC, Jesús Villarreal, quien aseguró que “el salario no es una renta”, haciendo alusión al alto ISLR que deben cancelar los trabajadores universitarios. Recordó que ya han entregado dos documentos a los parlamentarios, que resumen la situación. Agradeció a los diputados el trato que han recibido de parte de ellos, cada vez que han acudido a plantear sus problemas.

Aunque también pidió por las mejoras salariales de sus agremiados, el secretario general del Sindicato Organizado de los Trabajadores de la UC (Sotuc), Carmelo León, resaltó que las universidades no solo son sueldos y salarios, sino que requieren de un presupuesto amplio para poder desarrollar todas las funciones que permitan cumplir a cabalidad con el rol que tienen dentro de la sociedad.

Crisis humanitaria

“Tenemos una institución ahogada financieramente y acorralada en sus principios autonómicos”, expresó el profesor José Corado, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien a pesar de plantear los problemas que presenta la máxima casa de estudios de la región, pidió a los parlamentarios ocuparse de lo que a su juicio es una crisis humanitaria que se vive actualmente en el país.

“No venimos solo a pedir más presupuesto, me parece casi vergonzoso, cuando tenemos colas a diario en los establecimientos, ya sea por alimentos o medicinas. Yo le pido a ustedes que se aboquen a resolver los problemas primarios que tenemos los venezolanos”, manifestó Corado, encargado de dirigirse a los presentes en nombre de los decanos.

Ley de Universidades

Realizar una especie de inventario sobre las bases legales dejadas por la pasada asamblea en materia universitaria, fue la propuesta principal del ex rector Aníbal Rueda, quien intervino en la reunión en representación de las ex autoridades.

Rueda recordó que el único instrumento legal vigente en la materia es la Ley de Universidades del año 1970, debido a que la Ley de Educación Superior discutida en el pasado período parlamentario fue vetada por el propio ex presidente Hugo Chávez, quien solicitó a la AN una amplia consulta al respecto, por lo cual ésta perdería el efecto.

Dijo, además, que ésta estaba fundamentada en la Ley Orgánica de Educación, la cual no podía regular el tema, debido a que las universidades cuentan con una autonomía, vigente con la ley de 1970 y que cobró rango constitucional con la Constitución Nacional de 1999.

Pidió a los diputados la discusión y posterior aprobación de una nueva Ley de Universidades, que regule el marco legal de funcionamiento de las casas de estudio, a la vez que contribuya con destrabar el problema legal que existe actualmente, que no permite la realización de elecciones de autoridades y órganos de gobierno y cogobierno estudiantil, paralizadas desde hace varios años por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia.